Concejo de Miraflores denunció a vocales ante los vecinos por reabrir discotecas
Alcalde Masías consideró indebida suspensión de clausura municipal. Ya reabrieron dos centros nocturnos y uno más lo haría en las próximas horas
Luego de que la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial suspendiera el procedimiento coactivo que la Municipalidad de Miraflores sigue contra varias discotecas del distrito --el mismo que permitió la clausura de estos locales hace seis semanas, el alcalde Manuel Masías informó que denunció a los tres magistrados de dicha sala ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) por emitir indebidamente resoluciones sin mayor fundamento.
El alcalde Manuel Masías explicó que las resoluciones de dicho tribunal --integrado por los magistrados ahora denunciados Elizabeth Mac Rae Thays, Dora Runzer Carrión y Rosa Dávila Broncano-- permitieron que las discotecas miraflorinas Vaca Voladora y Phucket, ubicadas en la cuadra 5 de la calle San Martín, reabrieran sus puertas pese a que el concejo miraflorino ordenó la clausura de estos locales debido a que trabajaban sin licencias de funcionamiento ni certificados del Instituto de Defensa Civil (Indeci) y, sobre todo, alteraban la paz de la comuna.
"Miraflores quiere vivir y dormir en paz. Este no es un distrito en el que se puedan instalar este tipo de negocios, que incumplen con los requisitos mínimos de sonoridad acústica, de estacionamiento, etc.", indicó Manuel Masías.
"Antes se argumentaba que el problema era la homofobia, ahora hay una intervención grosera del Poder Judicial", dijo el alcalde y aseguró que no permitirá que la discoteca Downtown --cuyo local funciona en la calle Los Pinos-- reabra sus puertas, luego de haberse conocido la resolución de la sala, pues se procederá a notificarles la clausura definitiva. "Queremos advertirle al Poder Judicial que tiene que ponerse del lado de los vecinos", subrayó.
Jaime Castro, procurador del concejo miraflorino, indicó que los magistrados emitieron un pronunciamiento a favor de estos locales a espaldas de lo que dice la ley. Castro indicó que la legislación establece dos presupuestos jurídicos por los cuales se podría ordenar la revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva hecho por el concejo miraflorino y, por consiguiente, la suspensión de los cierres de dichos locales: Si se hubiese ordenado un embargo, retención de bienes o valores a los afectados --es decir, las discotecas--, o tras culminar el procedimiento de ejecución coactiva dentro de un plazo de 15 días hábiles. "Ninguno de estos se ha dado", aseguró, agregando que "la Tercera Sala recibió la acción y ordenó que se suspenda el procedimiento, sin hacer un análisis de fondo".
Antes de oír las quejas de los vecinos respecto a la molestia que generan en sus viviendas las discotecas en cuestión, Masías informó que ayer clausuró la discoteca Carpe Diem, ubicada en la avenida Dos de Mayo, pues esta carecía de certificado del Indeci. El alcalde aseguró que su concejo tiene todavía ocho locales más por clausurar.
Asimismo, hizo un llamado a la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, para que deje de hostigar a su municipalidad pidiendo documentos que pretenden defender a cuatro o cinco personas que manejan negocios nocturnos. "Defienda a los 80.000 vecinos que reclaman tranquilidad", exclamó. (tomado de El Comercio).
Discotecas o bombas de tiempo
E n el negocio de las discotecas parece que todavía no aprendemos la lección. De otra manera no se explica que apenas 14 de las 59 discotecas legales que funcionan en el Cusco cuenten con permiso de Defensa Civil. ¡Qué decir de las informales, instaladas en recovecos y viejas casonas cusqueñas!
Incumplir la ley importa poco a sus propietarios, así como a algunos jueces que, de manera increíble, acaban de dar paso a las acciones de amparo interpuestas por tres discotecas miraflorinas que hace más de un mes fueron clausuradas por la comuna distrital por alterar la tranquilidad del vecindario.
Obviamente nadie puede oponerse al derecho de hacer empresa en el país, pero eso no implica atentar contra los derechos de los demás.
En cuanto a las discotecas cusqueñas, se expone a miles de personas --incluyendo a los turistas que colman esos establecimientos-- a vivir un drama similar o peor al de la tragedia de Utopía, en el 2002. ¿Qué esperar de locales sin extintores ni puertas de emergencia, señalizaciones o mínimas medidas de prevención de desastres?
En cuanto a las discotecas de Miraflores, nadie --y menos el Poder Judicial-- puede desconocer la autonomía municipal o las facultades que la Constitución reconoce a los gobiernos locales para cerrar establecimientos que producen ruidos molestos. Como también señala la Carta Magna, todos tenemos derecho a gozar de un ambiente equilibrado y tranquilo.
La ley de la selva no puede imponerse. Nuestros derechos terminan donde comienzan los de los demás. Ese es el límite y la referencia. Así debería tomarlo en cuenta el Poder Judicial, que si bien tiene la prerrogativa de revisar todos los actos de la administración pública, también está obligado a frenar la arbitrariedad, venga de donde venga.
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